LA REALIDAD

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lunes, 18 de mayo de 2009

Central Térmica de Jinámar


Medio Ambiente otorga la Autorización Ambiental Integrada a la Central Térmica de Jinámar (Gran Canaria)

Las empresas más contaminantes de Canarias se rigen por una sola licencia ambiental
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias ha concedido la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la empresa Unión Eléctrica de Canarias Generación, SAU para la explotación de la Central Térmica de Jinámar, localizada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, según informa hoy la Dirección General de Calidad Ambiental mediante la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

La AAI se aplica a las instalaciones de combustión, producción y transformación de metales, industrias minerales y químicas, gestión de residuos, industria del papel y el cartón, textil y del cuero, consumo de disolventes orgánicos e industria del carbono, y es el principal instrumento recogido en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación. El objetivo de esta normativa es reducir la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo, con el propósito de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente en su conjunto.

Se trata de una autorización que deben tener aquellas empresas que realizan actividades industriales contaminantes y que aglutina y reemplaza al conjunto de autorizaciones ambientales existentes hasta su puesta en marcha.
Esta autorización, que concede la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, se otorga con carácter previo a otras licencias exigibles, sustituyendo a determinados permisos ambientales, como son el de producción y gestión de residuos, incluida la incineración, el de vertidos desde tierra al mar y las autorizaciones e informes vinculantes en materia de contaminación atmosférica.

La creación de un único permiso administrativo para el inicio o continuidad de las actividades industriales contempladas en su ámbito de actuación implica que haya un enfoque integrado de la protección del medio ambiente, ya que la exigencia de una única autorización permite la agilización de los trámites necesarios para desarrollar el trabajo, a la vez que una mayor garantía de la protección medioambiental.