En este sentido, recuerda que "el agua de abasto llegó a presentar, al menos hasta agosto de 2009, una concentración de boro superior al límite máximo que establece la normativa española es de un miligramo por litro, lo que provocó restricciones en su uso doméstico".
En este sentido, felicitó a la Asociación de Consumidores AUSCAN y por la Federación de Vecinos El Real de Las Palmas por la admisión a trámite de la demanda interpuesta por ese motivo,
Los Verdes asegura que ha podido comprobar, mediante un análisis oficial el agua de abasto de ciudad, que los niveles de boro continúan siendo altos (0,96 mg/l), rozando los límites legales establecidos en 1 mg/l.
Perjudicial para la salud
"De hecho el Codex Alimentarius de la Organización Mundial de la Salud establece un límite de boro de 0,5 mg/l para agua mineral, pues considera que cantidades superiores pueden ser perjudiciales para la salud", agregó Rodríguez.
En su opinión, "ya está bien de que los ciudadanos tengan que estar pagando como potable un agua que no se puede beber por sus características organolépticas". Según un estudio realizado por Los Verdes, cada familia de las Palmas de Gran Canaria se gasta, como mínimo, 700 euros al año en garrafas de agua, ya que la del grifo sabe a rayos".
Rodríguez argumenta que "el uso de garrafas de plástico ocasiona, además, un grave problema ambiental ya que dado los bajos índices de reciclaje, contribuyen a colmar el vertedero del Salto del Negro y a contaminar el medioambiente".
"A ello hay que sumar que, en contraste con el agua de grifo, que se distribuye a través de una infraestructura eficiente en términos de energía, el transporte a largas distancias de agua embotellada implica la quema de cantidades masivas de combustibles fósiles", apostilló.
La formación resalta que existen métodos como la nanofiltración que hacen que el agua potable tenga el mismo sabor, o incluso mejor, que el del agua embotellada. En ello está trabajando la Universidad de Cádiz para la Agencia Andaluza del Agua en la estación de El Montañés, en Cádiz.
Según los cálculos realizados por los investigadores en Cádiz "cada domicilio podría llegar a emitir entre un 5 y un 7 por ciento menos de CO2" y ahorrarse un mínimo de 700 euros, añade Rafael Rodríguez.
Este tema será motivo de análisis en el I Congreso Ciudadano de Derechos Europeos que se celebrará el 19 de febrero en Las Palmas de Gran Canaria.
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