La playa capitalina de La Laja no deja de sorprenderme, hace unos pocos años, con el proyecto PROA 2020, se conseguiría dar un salto cualitativo a dicha playa. Pero mi gozo en un pozo, después de despilfarrar muchísimo dinero público, ha quedado aparcado definitivamente, al igual que el concurso de actuación en la playa de La Laja, que costó 50 millones de pesetas al Ayuntamiento, solamente para elegir en un concurso de ideas, premiando a la que se consideró la mejor. A esto llegó un amigo de los socialistas, presentó una nueva idea al alcalde fuera del concurso y de forma caprichosa, le adjudica y pone en práctica dicho proyecto. Cualquier actuación de mejora es bienvenida, pero para mi entender, lo primero sería la protección de la playa desde el mar, y esto es, la construcción al norte de la playa de un dique de 100 metros en dirección SE, luego hágase cualquier obras de mejoras sobre la propia playa.
En esta noticia solo veo corrupción con los fondos públicos, como fue la complicidad del ayuntamiento, con las obras ilegales al sur de la playa, en la parte alta de los túneles, donde se favorecía a dos grandes empresarios de la construcción, para que en 12.000 M2. de terrenos rústicos, construyera inicialmente una planta de fabricación y machaqueo de piedras para uso del sector de la construcción, luego otra de fabricación de hormigones, finalmente naves industriales y de reparación de maquinarias. Todo ello en suelo rústico no catalogado para uso industrial. La corrupción en este caso es de dar licencia municipal de apertura en algunas de ellas para obras ilegales. Y esto no es lo peor, colectivos vecinales y particulares, pusieron en conocimiento al Ayuntamiento de la situación ilegal de lo que se estaba cociendo en la parte alta de la Playa de La Laja, El Ayuntamiento miraba para otro lado y no actuaba en consecuencia al informe de un técnico de disciplina urbanística que dictaminó la ilegalidad de las obras por estar en suelo rústico.
Las denuncias continuaron, pero ahora por lo contencioso-administrativo, donde implicaba la complicidad del Gobierno de Canarias, que con su silencio, perpetuaba la corrupción a favor de dos fuertes empresarios de la construcción.
En enero de 2009, llega la sentencia del tribunal Superior de Justicia de Canarias y falla la condena al gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. a que prosiga o a reiniciar el expediente de derribe de todas las obras ilegales construidas en suelo rústico, obligándolas a actuar dentro de la legalidad urbanística con arreglo a la necesaria coordinación administrativa. Los partidos políticos que actuaron en dicho procedimiento de ilegalidad no quieren entrar a trapo por que están todos cogidos por campañas electorales supuestamente pagadas por lo titulares de dichas instalaciones industriales.
Pero lo cierto es que están obligados a dar respuesta al Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas. Y como hacen todos los Ayuntamientos corruptos, tiran de las actuaciones en el Plan General de Ordenación, para tapar el olor maloliente de la corrupción. En este como en todos los casos, cambian la calificación de un terreno rústico a Urbano, en este caso, Industrial, para así cumplir con la legalidad urbanística a partir del cambio en el Plan General. Pero el fraude ya estaba hecho, por lo que el delito existe, debiendo ordenar el derribo de todas las instalaciones construidas hasta el momento, y abrir una investigación para averiguar quienes se beneficiaron además de los constructores, de acometer todas esas ilegalidades consentidas.
Mientras la democracia no comience en limpiar todas estas actuaciones, especialmente cometidas en los planes urbanísticos, la corrupción empresarial y política seguirá a sus anchas. La falta de transparencia en las gestiones municipales, nos llevará a quien obtenga información interna previligida, sea los que controle el poder de decisiones dentro de cada municipio.
El Ayuntamiento también tiene previsto un Parque Temático y viviendas en las proximidades de la Playa de La Laja, concretamente en los alrededores del llamado y archiconocido Tívoli. Cuando sean habitadas dichas viviendas situadas al sur de las plantas de áridos y alquitranados, los vientos reinantes de la zona, les llevará toda la tierra y olores de las fábricas industriales hasta su misma casa. Luego empezará la batalla de si fue antes el huevo que la gallina.
La inactividad de actuación por parte del ayuntamiento en disciplina urbanística con la complicidad del gobierno autónomo, provoca que cuando llega el expediente a la justicia y los jueces les obliguen a actuar en consecuencia, solo se les ocurre tapar sus corruptos errores, actuando sobre el Plan General Urbanístico. Que solo el ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, son los que deciden lo que urbanísticamente hay que hacer. De esta forma, los políticos corruptos, expropian terrenos a los pobres para dárselos a los ricos y así costean sus campañas electorales para perpetuarse en el poder.
En la ciudad de Telde a, 19 de Agosto de 2010
Firmado: Antonio Rodríguez de León
DNI 42.697.787N
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